Como respuesta al compromiso de la Administración del alcalde Víctor Ramos para la protección de los derechos de la niñez infancia y adolescencia, se logró la captura de un presunto abusador sexual, en un caso que destaca la acción conjunta de las autoridades, por una Palmira unida y más segura.
La ruta se activó a partir de una denuncia anónima recibida a través de la ventanilla única de la Alcaldía de Palmira. En el anónimo se alertaba sobre un posible caso de abuso sexual que involucraba a una mujer y su hija menor de edad. De inmediato, el caso fue atendido por la Comisaría de Familia. Esta entidad tomó las medidas necesarias para garantizar el bienestar de las víctimas y activar las protecciones correspondientes para la menor, incluido el restablecimiento de sus derechos.
Paralelamente, se estableció una colaboración estrecha con la Fiscalía General de la Nación, que movilizó a su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para iniciar una investigación exhaustiva.
En un despliegue de eficiencia y urgencia, la Policía Judicial logró reunir pruebas concluyentes que respaldaron la solicitud de una orden de captura contra un hombre de 61 años como presunto responsable de los abominables hechos. La orden fue ejecutada con una búsqueda exhaustiva en la residencia del sospechoso, donde se encontraron evidencias materiales que reforzaron significativamente el caso.
Durante la audiencia judicial, el detenido fue imputado por los delitos de acceso carnal violento agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. El acusado aceptó los cargos y se le impuso una medida de aseguramiento intramural.
El alcalde de Palmira, Víctor Ramos, destacó la importancia de la cooperación interinstitucional para abordar con rapidez y eficacia las denuncias de abuso sexual. “De esta forma, reafirmamos que estamos trabajando por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. De esta manera, generamos bienestar a toda nuestra comunidad”, afirmó con vehemencia.
El éxito de esta operación conjunta es un recordatorio de que la colaboración entre diferentes instituciones puede marcar una diferencia significativa en la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente entre los más vulnerables.